Ley de Rendición de Cuentas – Aspectos de seguridad social y laborales
La Ley N.º 20.531 de 01/10/2026, publicada el 16 de octubre de 2026, aprobó la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2025. Su vigencia general comienza el 1.º de enero de 2027, salvo las disposiciones que establezcan expresamente otra fecha. Rendición
1. Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia Rendición
Los artículos 222 a 237 crean una prestación monetaria mensual para personas gestantes, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad en los casos previstos por la ley. Comprende a residentes en Uruguay que integren hogares de los cinco deciles de mayor vulnerabilidad socioeconómica o que se encuentren en atención de tiempo completo en el sistema de protección especial. La gestión del régimen corresponde al MIDES y al BPS, que tendrá a su cargo el pago.
Incorporación y continuidad de las prestaciones
A partir del 1.º de enero de 2027, se incorporarán las personas gestantes cuyo embarazo se constate o acredite ante el BPS y los niños y niñas nacidos desde el 1.º de enero de 2025, siempre que reúnan las condiciones de acceso.
La incorporación será automática para quienes, estando comprendidos en esta primera etapa, ya perciban asignaciones familiares de la Ley N.º 18.227 o las transferencias comprendidas de la Tarjeta Uruguay Social. En los demás casos, como regla general, deberá presentarse una solicitud ante el BPS y la prestación se devengará desde esa fecha.
Los niños, niñas y adolescentes nacidos antes del 1.º de enero de 2025 podrán seguir percibiendo o acceder a las prestaciones anteriores que les correspondan hasta que una ley defina su eventual incorporación. También continuarán percibiendo su asignación los beneficiarios del Decreto-Ley N.º 15.084 que no se incorporen al nuevo régimen, siempre que mantengan las condiciones exigidas.
Montos mensuales
El artículo 226 establece los siguientes importes por beneficiario, en pesos uruguayos a valores del 1.º de enero de 2026.
En caso de embarazo, el importe se otorga por cada embrión o feto en gestación. Para beneficiarios en atención de tiempo completo en el sistema de protección especial, los montos son de $ 10.000 para el primer grupo y $ 6.600 para el segundo. Los importes se ajustarán por IPC en las mismas oportunidades que las remuneraciones de la Administración Central.
Condiciones de cobro y reglamentación
Para cobrar la prestación íntegra deberán acreditarse los controles de salud y, cuando corresponda, la inscripción y asistencia regular a centros de enseñanza. Agotadas las instancias de vinculación o revinculación previstas en la reglamentación, se suspenderá el 40 % hasta que esta se concrete. La regla también alcanza a las asignaciones del Decreto-Ley N.º 15.084 y de las Leyes N.º 17.474 y N.º 18.227.
El artículo 237 dispone que el Poder Ejecutivo debe reglamentar el sistema dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la ley.
2. Sector granjero – Apoyo por aportes patronales al BPS
El artículo 135 habilita al Fondo de Fomento de la Granja a otorgar apoyo financiero por aportes al BPS generados durante emergencias agropecuarias que afecten al sector granjero y hayan sido declaradas por resolución ministerial. La redacción anterior limitaba este apoyo a los aportes generados durante 2023.
El apoyo cubrirá el aporte mínimo de la contribución patronal rural y, cuando corresponda, el aporte patronal al seguro por enfermedad. Su otorgamiento requerirá resolución fundada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
3. Procesos laborales – Cambios en la segunda instancia
El artículo 261 modifica el artículo 17 de la Ley N.º 18.572 y establece el estudio sucesivo del expediente en el tribunal de alzada. Cada ministro dispondrá de 10 días para el estudio, con un máximo de 3 días entre pases, salvo motivo fundado. El acuerdo deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes a la última devolución del expediente y la sentencia deberá dictarse dentro de los 10 días siguientes al acuerdo en que se alcancen las mayorías legales.
El tribunal podrá dictar una decisión anticipada sin celebrar acuerdo si reúne las mayorías legales. En caso de discordia total o parcial, el ministro que integre el tribunal dispondrá también de 10 días para estudiar el expediente.
El régimen anterior preveía el estudio simultáneo del expediente durante siete días corridos y un plazo general de 30 días para dictar sentencia desde su ingreso al tribunal, prorrogable en caso de discordia. La nueva redacción establece el estudio sucesivo por los ministros del tribunal y fija plazos para cada etapa.



















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